Cholila: el juez sólo otorgó 15 días de prórroga en el caso por venta de tierras

Se trata de la causa que involucra a funcionarios municipales y del Instituto Autárquico por la transacción de 700 hectáreas en Río Tigre.

El fiscal Martín Zacchino solicitó al juez penal, José Oscar Colabelli, una prórroga de dos meses en el plazo de investigación antes de presentar el pedido de elevación a juicio de la causa por la presunta venta irregular de unas 700 hectáreas en un sector del Río Tigre, un paradisíaco paraje de la cordillera chubutense. El juez sólo autorizó una ampliación de 15 días para buscar certezas en la causa en la que están involucrados funcionarios municipales de Cholila y del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC). 
La presentación realizada por Zacchino la semana pasada se sostenía en que se trata de una causa compleja con varios imputados. Sin embargo Colabelli  sólo dio quince días corridos más antes de determinar si realizará la acusación con el pedido de elevación a juicio. 
Hay que recordar que esta causa involucra a varios profesionales de Esquel, entre ellos un agrimensor, una escribana, agentes inmobiliarios, además de dos funcionarios provinciales.
La Fiscalía que mantiene con reserva los aspectos más salientes de la investigación sostiene que todas las maniobras que investiga, fueron llevadas a cabo para sostener un negocio inmobiliario. 
Un inversor extranjero, dedicado habitualmente a comprar tierras “con problemas de papeles” para luego de solucionados revenderlas a valores mucho más elevados, habría comprado mil hectáreas en la zona de La Horqueta a su ocupante. El inversor estaría asesorado y representado por un hombre de la zona. 
El poblador tenía iniciado un trámite ante el IAC para que se le autorizara a mensurar y se le adjudicara en venta el predio de mil hectáreas que ocupa, gestiones llevadas a cabo por su apoderada, una escribana de Esquel.

INVESTIGACION COMPLEJA

A dos meses de haber obtenido el permiso de mensura, el ocupante solicitó permiso para transferir sus derechos y mejoras, de un campo  a una mujer que supuestamente continuaría con la misma modalidad de utilización para una explotación conjunta. 
La citada mujer se presentó en el mismo día para notificarse de esa cesión. Se trataba ni más ni menos que de la esposa del hombre que gestionaba y asesoraba en lo local al inversor extranjero que ya habría pagado por esas tierras.
Luego de esto una resolución con firma del presidente y del secretario general del IAC, admitió tal cesión, pese a algunas contradicciones en su redacción, y a la aceptación del plano de mensura que no se correspondía con las dimensiones a las que esta se refería.
Además la sesión de derechos fue certificada en una escribanía de Esquel, por la misma escribana que, según sostiene la Fiscalía, “sabía plenamente que dicha cesión así realizada era un trámite indispensable para la prosecución del trámite administrativo, ya que había asumido ella misma la gestión del trámite ante el IAC en calidad de mandataria especial de Luis Gerez desde el mes de agosto de 2005”.  
Además, conocía que las mil hectáreas objeto de la cesión --según el trámite administrativo-- se habían visto reducidas a la mitad y que el precio  consignado de pesos noventa y ocho mil ($98.000) era una cifra sensiblemente menor al precio realmente abonado, se indicó desde Fiscalía.