El polémico decreto N° 268/11 sobre el manejo de tierras públicas con bosque nativo en ejidos municipales, finalmente suspendido por 60 días para ser debatido en el ámbito parlamentario, fue objeto nuevamente de tratamiento en la Legislatura Provincial por iniciativa del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical.
El radicalismo justificó la decisión en “la necesidad de insistir y aclarar la verdadera cuestión de fondo del tema” en alusión a la defensa del bosque nativo para las futuras generaciones y en las derivaciones que tuvo un encuentro programado con intendentes municipales cordilleranos, abordadas en la tarde del mismo miércoles por el diputado Santiago Cárdenas (PROVECH) en declaraciones periodísticas.
La discusión parlamentaria tuvo un inesperado desenlace cuando se tomó conocimiento, a través del diputado radical Carlos Lorenzo en uso de la palabra en ese momento, que el Poder Ejecutivo Provincial había dispuesto la suspensión por 60 días del cuestionado decreto y el envío del tema para su análisis en la Legislatura Provincial.
El gesto tuvo el reconocimiento del bloque radical, cuyos integrantes habían planteado en numerosas oportunidades la posibilidad de que “el gobernador haya sido sorprendido o sobrepasado, por no decir engañado”, al firmar el decreto 268 del pasado 10 de marzo.
En su intervención inicial, Lorenzo consideró que “estamos en un momento precioso para resolver definitivamente esas zonas grises legislativas”, tal como describió al estado jurídico de la problemática, y planteó la urgencia de un abordaje general que, a su juicio, no se vio reflejado en el encuentro con los intendentes municipales celebrado en la mañana del miércoles en la Legislatura.
“El decreto 268/11 involucra a El Maitén, El Hoyo, Epuyén, Esquel, Trevelin, Corcovado. Río Pico, Río Senguer pero sus intendentes no estaban. Solo fueron los de Lago Puelo, Iván Fernández, y de Cholila, Miguel Castro, en uso de licencia y electo por un nuevo período”, expresó para refutar la fundamentación del planteo de una discusión jurídica en una cuestión práctica, “en una necesidad de desarrollo urbano de varios de estos pueblo que no es cierta”, sostiene el diputado Radical.
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