PROMUEVEN ALTERNATIVAS SOCIO-EDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
Una iniciativa del bloque radical, presentada en la última sesión de la Legislatura Provincial, apunta a otorgar mayor jerarquía legal a un conjunto de acciones contempladas en un anexo del decreto provincial N° 1569/06, que instrumentó en Chubut el denominado sistema de medidas alternativas para la niñez la adolescencia la familia y la tercera edad.
Se trata de una amplia propuesta compuesta de diferentes programas que, a su vez, forman parte de lo que se denomina Sistema Provincial elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia para afrontar la problemática de la niñez, la adolescencia y la adultez en situación de amenaza o de vulneración de sus derechos.
El sistema – aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial a fines de 2006 – incluye varios programas para la capacitación y asistencia técnica, la promoción de derechos, la creación de espacios de reconstrucción social, el fortalecimiento familiar, la atención social inmediata ante la emergencia y la implementación de acciones como hogares solidarios, cuidadores familiares y turismo social.
Faz preventiva
El proyecto de la UCR procura fortalecer entre otros, y mediante su transformación en una ley provincial, la faz preventiva del subprograma identificado como “Acompañamiento a adolescentes en conflicto con la ley penal” que tiene por objeto “ofrecer una alternativa socio-educativa para aquellos adolescentes de hasta dieciséis (16) años en situación de vulneración social y que han cometido acciones que la ley penal califica como delito o como contravención”.
La jerarquización normativa de las medidas alternativas para la niñez, entre ellas el acompañamiento a adolescentes en conflicto con la ley penal, forma parte de un paquete de proyectos vinculados con esa temática, entre ellos la especialización policial en normas internacionales para intervenir en el mismo sector y la modificación del Código Procesal Penal para permitir la aplicación de medidas de protección por parte de los jueces de garantía.
La problemática del menor en conflicto con la ley penal ya había sido planteada por el bloque radical a comienzos del actual período legislativo con proyectos del mismo tenor, oportunidad en la que ya se había advertido que se trataba de uno de los aspectos más importantes y complejos por su vinculación con la ineludible necesidad de respetar las normas constitucionales y tratados internacionales.
Sujeto de derecho
La cuestión de la minoridad adquirió proyección preponderante con la sanción de normas que posicionaron al niño como un sujeto de derecho, abandonando la antigua concepción de abordarlo como un objeto generador de conflictos con la ley.
La ley 4347 de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia colocó a Chubut en una situación de vanguardia en 1997, sumándose en 2005 la ley nacional 26.061, consolidando valores y principios universales dirigidos al mismo sector.
Conciencia crítica
Los ejes fundamentales del subprograma “Acompañamiento a adolescentes en conflicto con la ley penal” son promover la toma de conciencia crítica y creativa respecto de las normas, condiciones, consensos que hacen a la vida social, como la conciencia de las reales capacidades, posibilidades y disposiciones personales que hacen al proyecto personal y grupal de vida.
Apunta también a asegurar el acceso de los participantes de este programa a los servicios y recursos a los que tienen derecho, revirtiendo así los factores marginalizantes que son parte de la situación en la que se encuentran y por la que entran al programa.
Objetivos
Sus objetivos son atender los adolescentes entre catorce (14) y dieciséis (16) años de edad incursos en hechos delictivos, en forma preventiva, a efectos de evitar su institucionalización, promoviendo su desarrollo personal y fortaleciendo su medio familiar y social.
Fortalecer su entorno familiar para que pueda constituirse en un ámbito de contención adecuado para sus integrantes y colaborar en su integración con la comunidad son otros objetivos.
Grupos familiares a los que pertenecen los adolescentes de hasta dieciséis (16) años de edad, en situación de vulneración social y que se encuentran en conflicto con la Ley Penal son los destinatarios de la propuesta, bajo la responsabilidad de personal técnico del ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia; Municipios y entidades, programas y servicios descentralizados.
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