El Tribunal rechazó el pedido
de cárcel común para los acusados
( Telam)
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El Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia desestimó
el pedido formulado por la fiscalía y las querellas de inmediata detención en
cárcel común para cuatro procesados por la Masacre de Trelew, en el primer día
del juicio oral y público que comenzó este lunes en Rawson.
La fiscalía, que hizo la solicitud a la que adhirieron las
querellas, "no acompañó elementos nuevos de convicción para variar el
criterio", afirmó por la tarde, tras un cuarto intermedio, el juez Enrique
Guanziroli, quien integra el tribunal junto a los camaristas Pedro De Diego y
Nora Cabrera de Monella.
Antes de dar por concluida la audiencia inaugural del
juicio, que se reanudará este martes a las 10, Guanziroli aludió a decisiones
de la Cámara Nacional de Casación Penal que revocó resoluciones de tribunales
inferiores que habían dispuesto cárcel efectiva para procesados en diversas
causas por delitos de lesa humanidad.
El rechazo unánime del Tribunal al pedido de la fiscalía y
las querellas fue recibido con exteriorizaciones de descontento por el numeroso
público que presenció esta primera jornada del juicio oral y público a los
imputados por la llamada Masacre de Trelew, que ejecutaron el 22 de agosto de
1972 miembros de la Armada.
La acusación había pedido el
encarcelamiento efectivo de Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y
Carlos Morandino, acusados de homidicio doblemente agravado en 16 casos y en
grado de tentativa en otros tres casos.
Esta solicitud invocó
jurisprudencia acumulada en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad y
solo exceptuaba "por el momento" a Jorge Bautista, acusado de
encubrimiento del fusilamiento de 19 prisioneros políticos, 16 de los cuales
murieron en la madrugada de aquel 22 de agosto, hace 40 años.
La concurrencia desbordó la
capacidad de la amplia sala del Centro Cultural José Hernández de Rawson y en
buena parte siguió la primera jornada del juicio en la aledaña plazoleta de la
Legislatura chubutense por pantalla gigante, ya que lo trasmitió en directo la
televisión pública provincial, Canal 7.
Constituido el Tribunal a las 10,
el juez Guanziroli ordenó la lectura del requerimiento de elevación a juicio
formulado por la fiscalía en 2009, que acusa a los imputados por homicidio
doblemente agravado de 16 prisioneros y otros tres en grado de tentativa, todos
en la base aeronaval Almirante Zar.
El requerimiento detalla los hechos
desde la fuga de un grupo de prisioneros políticos del penal de Rawson, el 15
de agosto de 1972, hasta la rendición pactada de 19 de ellos en el viejo
aeropuerto de Trelew, hoy Centro de la Memoria, y su posterior fusilamiento en
el área de celdas de la base Zar, en la madrugada del 22 de agosto.
Por estos hechos están acusados los
capitanes Sosa, Del Real, Paccagnini y Bautista, éste último por encubrimiento,
y el cabo Carlos Marandino.
Eludieron estar en el banquillo de
los acusados el almirante Horacio Mayorga, ya que el Cuerpo de Medicina Forense
consideró que por razones de salud mental no está condiciones de defenderse en
juicio, y el capitán Roberto Bravo, cuya extradición fue negada por Estados
Unidos, país donde reside.
Sobre los hechos de 1972, la
acusación subraya que la negociación con oficiales navales tras la cual se
entregaron 19 evadidos, luego de obtener la promesa de garantías, fue
presenciada por el juez Alejandro Godoy, abogados y periodistas.
No obstante esos compromisos
tomados por los oficiales de la Armada, relata que, "en la madrugada del
22 de agosto (...) aproximadamente entre las 2.30 y 3.30”, los acusados Sosa,
Bravo, Del Real y un cuarto oficial ya fallecido de apellido Herrera “se presentaron
en el lugar de detención”.
“Encontrándose como guardia el cabo
Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los
colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba
a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo”.
Les ordenaron luego que se
formaran, "algunos orientados hacia el ingreso del mismo y otros hacia las
celdas de enfrente", con la vista hacia el suelo, "tras lo cual
(Sosa) junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los
detenidos”, consigna el mismo texto acusatorio.
Como consecuencia de la lluvia de
disparos o de los llamados tiros de gracia fallecieron 16 de los 19 prisioneros
fusilados.
Fueron asesinados Rubén Pedro
Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena,
Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto
Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal
de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica
Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.
“En el caso de Antonia Berger,
Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no lograron el resultado de muerte,
ya que fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores
al relatado”, puntualiza la elevación a juicio.
Los tres sobrevivientes señalaron a
Bravo como el oficial que recorrió los calabozos para rematar con un disparo de
gracia en la nuca a los fusilados, desde que un Tribunal les tomó testimonio en
octubre de 1972, donde seguían encarcelados y convalecientes.
Morandino, el suboficial que estaba
de guardia en los calabozos, declaró que Sosa y los otros tres oficiales le
ordenaron abrir las puertas del calabozo y retirarse, y también dijo que le
ordenaron mentirle al instructor de la Armada, Enrique Bautista, para encubrir
después el fusilamiento.
La fiscalía señala la
responsabilidad política directa en la masacre de la dictadura encabezada
entonces por Alejandro Lanusse, además de la responsabilidad penal de los
imputados en la causa como ejecutores materiales del fusilamiento ordenado por
la superioridad y, en un caso, por encubrimiento.
Acusan en la causa los fiscales
federales Horacio Arranz y Fernando Gelves, mientras que por la querella lo
hacen abogados que representan a familiares de las víctimas, la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS).
Todos los acusados tienen abogados
particulares excepto Morandino, representado por un defensor oficial.
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